Honduras fue condenado hace siete meses por la muerte de una mujer trans ¿qué pasó después?
Vicky Hernández, una mujer trans hondureña, tenía 26 años cuando fue asesinada durante el golpe de Estado en 2009. Ella y dos compañeras habían salido a la calle a trabajar cuando fueron descubiertas por una patrulla de policía que las intentó arrestar. Las tres huyeron por diferentes lugares y, al día siguiente, Vicky fue hallada muerta.
Violencia contra la mujer trans en Honduras
Pasaron 12 años para que este caso fuera resuelto. En junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica que reconoce la violencia y discriminación que viven las personas LGBTI en Honduras. Según este fallo, los jueces constataron que “existían varios indicios de la participación de agentes estatales en el asesinado de Vicky Hernández, que se suman a un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales”. En resumen, la Corte concluyó que el Estado hondureño fue responsable del asesinato.
La labor de Cattrachas para defender a la mujer trans
Para Nahil Zerón, coordinador del Centro de Monitoreo de Cattrachas, “Vicky significaba una memoria de la violencia y nos recuerda todas esas 400 muertes LGBT que estamos contando desde el 2009”. También Seydi Irias, técnica de análisis de Cattrachas, agrega “no es solo un caso, sino la continuidad y la resistencia de mantenerse exigiendo justicia ante la muerte de las personas LGBTI. No podemos dejarle al Estado todo el trabajo ya que no hay una representatividad de nuestros derechos”.
El contexto de violencia contra las personas LGBTI, desde hace años, es aterrador. Según la Corte para 2009 se presentó “una exacerbación de los actos de violencia letal contra las personas LGBTI en Honduras”; sin embargo, desde años anteriores, las mujeres trans trabajadoras sexuales venían afrontando una situación de peligro mayor. Claudia Spellmant Sosa, quien dio su testimonio durante la audiencia pública del caso de Vicky, señaló que las mujeres trans trabajadoras sexuales eran víctimas de violencia policial, los agentes sacaban sus pistolas para atemorizarlas, las golpeaban, les arrancaban las pelucas o les desgarraban los vestidos.
Si damos un salto al presente, el panorama de violencia no ha decrecido, según Cattrachas, una de las organizaciones hondureñas que impulsó el caso de Vicky Hernández en la Corte Interamericana, han ocurrido 399 muertes de personas LGBT, de las cuales 47 personas son lesbianas, 123 son trans y 229 son hombres gays, entre 2009 y 2021. De estos casos, el 91 % quedaron impunes.
Thalia Rodríguez, mujer trans y activista
Este año empezó con una noticia difícil: Thalia Rodríguez, mujer trans y activista, fue asesinada en su casa a comienzos de enero. Para Zerón este doloroso asesinato se ajusta a un patrón que han identificado en Cattrachas, “el patrón marca que esas muertes violentas de mujeres trans que desafían los 35 años (expectativa de vida de las personas trans) tiene que ver más con un asunto de rechazo dentro de la comunidad, les impiden ser parte de ella. Nuevamente recordarnos que no podemos ser parte y, por lo tanto, las eliminan.” Luego de un mes no se ha realizado ninguna captura ni investigación.
No es extraño que entre las medidas de reparación que solicitó la Corte al Estado hondureño se encontraba la adopción de protocolos para el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra las personas LGBTI. Sin embargo, aunque han pasado siete meses, Zerón e Irias concuerdan que aún no existen herramientas en el gobierno y proceso judicial adecuadas para tratar los casos de personas LGBTI. “En todos los casos vemos un no reconocimiento cuando se habla de la identidad de género u orientación sexual. Eso se sale completamente de todas las unidades de investigación” enfatiza Seidy Irias.
La Corte ordenó la creación de un plan para la capacitación para los cuerpos de seguridad, frente a esto el avance también ha sido nulo. Para Nahil “todavía hay mucho por aprender y trabajar de parte de los cuerpos de seguridad y lo demuestran en el tratamiento que le han dado a las muertes violentas después de la sentencia de Vicky”. Zerón se refiere al caso de Thalia, ella junto a Seydi fueron parte de la escena del crimen, cuando llegaron pudieron ver que el trato de las unidades de investigación no tenía un enfoque diferenciado.
¿Crímenes pasionales?
Incluso se han encontrado casos donde las líneas de investigación tachan la violencia por prejuicio como crímenes pasionales, lo que lleva a detener las investigaciones y contribuye a los índices de impunidad. Eso pasó justamente con el caso de Vicky Hernández, la investigación realizada por el Estado hondureño calificó los hechos de crímenes pasionales, las autoridades no identificaron a los responsables ni presentaron avances significativos en la investigación durante nueve años.
Por ahora, a pesar del largo camino de incumplimientos, la sentencia debe ser implementada y para materializar en Honduras, el gobierno tiene un plazo de dos años. Para Seidy, estamos ante una nueva generación de jóvenes que viven el empoderamiento de la defensa de los derechos de las personas LGBT.
