La Corte Interamericana de derechos humanos en marzo del 2021 encontró responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernandez, una trabajadora sexual y activista trans. En el marco del golpe de Estado ocurrido en el 2009, la violencia contra las personas trans aumentó significativamente frente a la ya problemática violencia generalizada que viven las personas LGBTI en este país. La Corte Interamericana reconoció este contexto y otros elementos sobre patrones de violencia identificados por el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas como definitorios para determinar la responsabilidad de Honduras en este caso. Este caso también es histórico porque es la primera vez que se señala la violación de lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) para el caso de una mujer trans. En su decisión, la Corte ordena medidas de reparación como la capacitación a agentes de seguridad del Estado en materia OSIG, la adopción de normativa que permita la garantía de la identidad de género en los documentos de identidad, el diseño de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI y, adicionalmente, la creación de protocolo de investigación y administración de justicia para personas LGBTI en el que se indague si los actos violentos de los que fueron víctimas están fundamentados en el prejuicio.