CIDH: “El derecho a una vida libre de violencia implica el deber estatal de adoptar todas las debidas diligencias para reparar la violencia”

CIDH: El derecho a una vida libre de violencia implica el deber estatal de adoptar todas las debidas diligencias para reparar la violencia

Flavia Piovesan, comisionada de la CIDH: “El derecho a una vida libre de violencia implica el deber estatal de adoptar todas las debidas diligencias para reparar la violencia”.

La audiencia ante la CIDH

A finales de diciembre de 2021,organizaciones de personas LGBTI de la región expusieron sus hallazgos sobre el acceso a la justicia para las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
El panorama no fue alentador. La Red Regional Sin Violencia documentó entre el 2014 y 2019 que más de 1.300 personas LGBTI habían perdido la vida de manera violenta en América Latina y el Caribe. Asimismo, se estima 1,650 en Brasil durante el mismo período. Lo que equivale a, por lo menos, 1 persona LGBTI asesinada por día en la región.
También se expusieron las diferentes barreras que impiden la adecuada investigación y juzgamiento de estos casos en distintos países. En el caso de Bolivia y México, la recolección de datos por parte del Estado sobre violencia contra personas LGBTI no es uniforme, pues no existe una base de datos oficial, por tanto la información existente es recabada por organismos de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil.

El trabajo de la jurisdicción especial para la paz JEP

De igual forma, se resaltó la importancia de garantizar el acceso a la justicia de personas LGBTI, en el marco de procesos de justicia transicional, donde pueden perderse oportunidades históricas al ignorarse la violencia contra este grupo. En el caso de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha establecido un macro-caso sobre hechos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima, lo que socava el acceso a la justicia de personas LGBTI. 
Además, la JEP ha mostrado falta de diligencia en materia de seguridad; por ejemplo,  víctimas representadas por Colombia Diversa en el macro-caso de la Costa de Nariño desde 2020 afrontan secuestros, golpizas, torturas y amenazas e incluso algunas han fallecido esperando en los servicios de salud. A pesar de conocer esta situación, la JEP no ha adoptado medidas adecuadas.

CIDH: El enfoque interseccional es clave

Finalmente, esta audiencia fue un llamado para aunar esfuerzos en la construcción de un Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación y juzgamiento de casos de violencia contra personas LGBTI, que deberá realizarse con personas expertas multidisciplinarias, la sociedad civil, organismos internacionales y actores clave como dependencias policiales, Ministerios Públicos, Poder Judicial y Ministerios de Justicia, pues los Estados también tienen buenas prácticas en la materia en países como Argentina, Colombia, México,  etc. 
La Comisionada Piovesan, Relatora LGBTI, afirmó que es clave impulsar un protocolo interamericano para la investigación y administración de justicia frente a crímenes contra personas LGTBI. Por otro lado, aseveró que, para la CIDH, el enfoque interseccional es clave para demandar del Estado el deber de protección especial del derecho a una vida libre de violencia.