Violencia letal contra mujeres lesbianas, bisexuales y queer en América Latina y el Caribe

Entre 2022 y el primer semestre de 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó al menos 137 homicidios de mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ+) en nueve países de América Latina y el Caribe*. Esta violencia se produce por razones vinculadas a su orientación sexual y/o a su expresión de género, y se desarrolla en contextos marcados por la discriminación, la exclusión y la falta de protección estatal.

Síntesis de nuestros hallazgos

  • Violencia letal documentada: 137 homicidios registrados entre 2022 y el primer semestre de 2025.

  • Concentración geográfica: Colombia representa el 50% de los casos documentados por la Red Sin Violencia LGBTIQ+. Le siguen Honduras (22%) y México (12%).

  • Identidades y edades más afectadas: la violencia impacta mayoritariamente a mujeres cis lesbianas de entre 21 y 25 años.

  • Nivel de impunidad: solo 2 sentencias condenatorias frente a 137 casos; el 98.5% de los crímenes permanece sin sanción.

*Colombia, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú.

Violencias específicas según identidad

La violencia letal contra mujeres LBQ+ presenta características diferenciadas según cómo operan el estigma y el prejuicio sobre sus identidades.

  • Mujeres lesbianas y bisexuales: la violencia suele estar marcada por la lesbofobia y la bifobia, el castigo a la autonomía afectiva y sexual, la invisibilización o hipersexualización.
  • Mujeres queer: la violencia se reproduce en la negación de sus identidades, al considerarlas una transgresión a las normas sociales de género.

A ello se suma la ausencia sistemática de registros oficiales desagregados. Al no considerar la orientación sexual, identidad y expresión de género (OSIEG) de las víctimas, estos crímenes quedan fuera de las categorías institucionales, lo que impide comprender estas formas de violencia y su magnitud, limita el acceso a la justicia y consolida escenarios de desprotección estructural.

Concentración geográfica de la violencia letal documentada por la Red Sin Violencia

El registro evidencia mayor cantidad de homicidios en determinados países:

  •  Colombia: 68 homicidios (50% del total documentado).
  • Honduras: 30 homicidios (22%).
  • México: 16 casos (12%).
  • Guatemala: 12 víctimas.
  •  Otros países: República Dominicana (4), Nicaragua (3), Ecuador (2), Bolivia (1) y Perú (1).

¿Quiénes son las víctimas y por qué el espacio público las expone?

Más del 80% de los casos documentados (111 homicidios) correspondieron a mujeres cis lesbianas. Se registraron además 21 víctimas cis bisexuales y 5 casos de mujeres cis no heterosexuales (debido a la baja calidad de la información disponible, a estas últimas solo fue posible identificarlas porque las fuentes las nombraron de manera general como parte de la “diversidad sexual”) No se obtuvo registro de mujeres trans que se identificaran como LBQ*.

En términos de edad, la mayor concentración de víctimas se ubica entre mujeres jóvenes de 21 a 25 años, lo que refleja cómo la violencia letal interrumpe de forma temprana la construcción de trayectorias de vida.

Respecto a los contextos de ocurrencia, el 39% de los homicidios se produjo en calles, espacios abiertos o transporte público, campo o baldío, río o playa evidenciando la exposición a riesgos letales en el espacio público y la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres LBQ+ al habitarlo.

* Esta ausencia podría reflejar barreras en la recolección de información sobre la orientación sexual e identidad de género de estas personas.

 

Mirada interseccional a las cifras de violencia letal

La violencia letal no afecta de manera homogénea a todas las mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Durante el período analizado se documentó que al menos cinco víctimas estaban privadas de libertad al momento de los hechos (Honduras, 2023), dos eran mujeres afrodescendientes, una mujer indígena, una mujer migrante y una defensora de derechos humanos.

Aunque estos casos no representan la totalidad de las intersecciones posibles, su identificación resulta clave para visibilizar cómo las violencias estructurales se superponen y refuerzan, especialmente en contextos de exclusión y ausencia de protección estatal.

Asimismo, se identificaron violencias conexas, como homicidios precedidos o acompañados de violencia sexual, indicios de tortura y múltiples formas de agresión previa, lo que permite comprender que no se trata de hechos aislados, sino de violencias extremas en las que el cuerpo de las víctimas es objeto de castigo y disciplinamiento.

Armas, métodos, silencios y expedientes incompletos

El análisis de los métodos utilizados muestra que el uso de armas de fuego fue el más frecuente, presente en el 43% de los casos, lo que refleja contextos de alta letalidad. Sin embargo, en el 40% de los homicidios no se consignó el medio utilizado en la fuente de información, lo que evidencia fallas graves en los procesos de investigación y documentación oficial.

Estas deficiencias limitan la comprensión de los hechos, obstaculizan el esclarecimiento de los crímenes y refuerzan la impunidad.

Patrones de la violencia contra mujeres LBQ+

1. Control afectivo y represalia: homicidios perpetrados por hombres que mantenían o habían mantenido relaciones con las víctimas, donde la violencia opera como forma de control, castigo o represalia frente a la autonomía afectiva y al rechazo. Un caso que da cuenta de este patrón  es el de Adriana, asesinada tras rechazar a su agresor, quien le advirtió que “si no era suya, no sería de nadie”, expresión que evidencia la intención de dominación.

2.  Sanción social por visibilidad: ataques ocurridos cuando la orientación sexual de las víctimas se hace visible, ya sea por encontrarse con sus parejas o por desenvolverse en entornos de estigmatización, en particular esto se agrava en mujeres lesbianas.

En estos escenarios, la violencia opera como sanción social frente a la expresión pública de vínculos afectivos entre mujeres. Un ejemplo es el asesinato de Lesly y Cinthia, una pareja lésbica asesinada con arma de fuego en 2022, en México, cuando salían de su vivienda.

3.  Crimen organizado: homicidios vinculados a contextos en los que la pobreza, la exclusión laboral y la restricción de redes de apoyo exponen a mujeres LBQ+ a economías criminalizadas. Al menos 20 casos presentan indicios de esta relación, particularmente en Honduras, Guatemala y México, donde la violencia letal se inserta en dinámicas que combinan discriminación, precariedad y control territorial.

En la mayoría de los casos documentados persisten limitaciones en la información disponible sobre las personas agresoras y su relación con las víctimas, lo que da cuenta de deficiencias persistentes en los procesos de investigación y registro.

En este sentido, la información incompleta o imprecisa en los registros oficiales constituye un obstáculo estructural que limita la prevención, atención y la justicia en los casos.

Impunidad y responsabilidad del Estado

La respuesta del sistema de justicia muestra mínimos niveles de esclarecimiento y sanción: de los 137 casos documentados, solo se registraron dos sentencias condenatorias.

La escasa capacitación del funcionariado, la falta de protocolos especializados y la revictimización derivada de estigmas y prácticas discriminatorias arraigadas en las instituciones estatales constituyen obstáculos estructurales que limitan la prevención, la atención y el acceso a la justicia, y refuerzan un mensaje de tolerancia institucional frente a la violencia contra mujeres LBQ+.

Recomendaciones urgentes de la Red Sin Violencia LGBTIQ+

  • A los Estados: reconocer la violencia contra mujeres LBQ+ como una forma específica de violencia de género, desarrollar registros oficiales desagregados por OSIEG, adoptar protocolos especializados de investigación e implementar capacitación permanente para operadores de justicia, fuerzas de seguridad y personal forense.

  • A los Organismos internacionales: reforzar la documentación, apoyar financieramente programas de prevención y protección integral, impulsar campañas de sensibilización y memoria, así como monitorear los discursos que legitiman la discriminación y su impacto en la violencia letal.