Durante 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó al menos 248 homicidios de personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe. En promedio, fueron al menos cinco homicidios por semana. Los registros muestran que la violencia letal continúa siendo una realidad persistente en la región y que presenta patrones diferenciados según las características de las víctimas y los contextos en los que ocurren los hechos.
Las mujeres trans y los hombres cis gay concentraron 202 de los 248 casos documentados. También se identificaron diferencias en los lugares y mecanismos de los homicidios: entre las mujeres trans hubo una alta presencia de espacios públicos y armas de fuego, mientras que entre los hombres cis gay se registró una una proporción significativa de homicidios en de domicilios particulares y objetos cortantes o punzantes.
Este informe analiza quiénes fueron las víctimas, sus edades y características, dónde y cómo ocurrieron los homicidios, las violencias que los antecedieron y acompañaron, los contextos vinculados al crimen organizado, los casos con características de ejecuciones extrajudiciales y la respuesta de los sistemas de justicia. las respuestas —o ausencias de respuesta— de los Estados.
Las mujeres trans fueron el grupo con mayor número de homicidios documentados, con 102 víctimas (41 %), seguidas por los hombres cis gay, con 100 víctimas (40 %). En conjunto, ambos grupos concentraron 202 de los 248 casos, equivalentes al 81 %. También se documentaron 21 mujeres cis lesbianas, 8 hombres cis bisexuales, 7 hombres trans y 10 personas correspondientes a otras identidades registradas por la Red.
En las mujeres trans, los homicidios se concentraron principalmente entre los 21 y 35 años. México registró 35 casos,Colombia 31, Guatemala con 11, y Ecuador y Honduras con 10 cada uno. En este grupo, 57 hechos ocurrieron en espacios públicos y en 45 se identificó el uso de armas de fuego.
Entre los hombres cis gay se documentaron 100 homicidios. Colombia concentró 46 casos; Honduras, 22; México, 19; y Guatemala, 8. Mientras que en Bolivia, Perú y República Dominicana se documentó 1 víctima en cada país. Los objetos cortantes o punzantes fueron el mecanismo más frecuente, en 36 casos, seguidos por las armas de fuego, en 31. Los homicidios ocurrieron principalmente en espacios públicos y domicilios particulares.
La violencia letal documentada en 2025 afectó especialmente a personas jóvenes y adultas jóvenes. El rango de 31 a 35 años concentró el mayor número de víctimas, con 52 casos, seguido por las personas de 26 a 30 años, con 38; de 36 a 40 años, con 33; y de 21 a 25 años, con 29. En conjunto, 152 víctimas (61 %) tenían entre 21 y 40 años.
También se documentaron 10 víctimas entre 16 y 20 años; de ellas, 8 eran mujeres trans y 2 hombres cis gay. En 31 casos no fue posible establecer la edad de la víctima. Este informe señala que, en el caso de las mujeres trans, esta ausencia puede estar relacionada con las limitaciones de las fuentes consultadas y con posibles mayores niveles de invisibilización.
La concentración de los casos en edades tempranas muestra una afectación importante sobre personas jóvenes y adultas jóvenes, aunque la violencia documentada también alcanza otros rangos de edad.
La mayoría de los homicidios documentados ocurrió en zonas urbanas (73 %), mientras que el 20 % tuvo lugar en zonas rurales.
En cuanto al lugar de ocurrencia o hallazgo del cuerpo, 40 % de los casos ocurrió en espacios abiertos, calles o transporte público y 23 % en domicilios particulares. También se registraron hechos en campos o lotes baldíos, establecimientos comerciales, hoteles, moteles, alojamientos, ríos, playas y otros lugares.
La distribución de los hechos muestra que la violencia letal atraviesa tanto los espacios públicos como los privados, pero adquiere características distintas según los grupos afectados.
Las mujeres trans, por ejemplo, presentan una alta concentración de homicidios en espacios públicos, mientras que entre los hombres cis gay una proporción significativa ocurre en domicilios particulares.
Las armas de fuego fueron identificadas en el 43 % de los casos, seguidas por los objetos cortantes o punzantes, con 23 %. El informe también registra agresiones por medios no especificados, objetos romos o sin filo y casos de ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.
Los mecanismos empleados también varían entre los grupos. En las mujeres trans se identificaron 45 homicidios perpetrados con armas de fuego, mientras que entre los hombres cis gay los objetos cortantes o punzantes fueron el mecanismo más frecuente, con 36 casos.
Se identificaron 12 casos con amenazas previas, 7 vinculados a extorsiones y 3 con antecedentes de intento de homicidio.
Para la Red, la existencia de estas violencias previas evidencia fallas en los mecanismos estatales de prevención y protección frente a situaciones de riesgo que ya habían sido advertidas.
El informe también identifica prácticas de extrema violencia y tratamientos deshumanizantes de los cuerpos de las víctimas. Estos hechos muestran que, en determinados casos, la violencia puede adquirir dimensiones de intimidación, castigo, disciplinamiento y deshumanización vinculadas con el prejuicio.
El informe incorpora un enfoque diferencial para identificar cómo la violencia letal puede estar atravesada por condiciones y contextos específicos de las personas LGBTIQ+.
Los homicidios de personas trabajadoras sexuales se registraron en contextos marcados por discriminación, exclusión social, crimen organizado y limitadas garantías de protección y acceso a la justicia. En los casos de personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, la Red identifica barreras relacionadas con la precariedad económica, el acceso a redes de apoyo y los mecanismos de protección y justicia.
En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, la Red documentó 18 homicidios, cinco de ellos con amenazas previas. Estos hallazgos muestran que la violencia letal contra las personas LGBTIQ+ ocurre en contextos atravesados por distintas condiciones de vulnerabilidad y por barreras específicas para la protección y el acceso a la justicia.
Al menos 38 homicidios presentaron indicios de haber ocurrido en contextos vinculados al crimen organizado. Estos casos representan 15 % de los homicidios documentados.
En estos casos, el 76 % involucró armas de fuego y el 68 % ocurrió en espacios públicos. También se identificaron antecedentes de amenazas y extorsiones en algunos hechos.
La Red advierte que la presencia de factores relacionados con el crimen organizado no excluye la existencia de motivaciones discriminatorias. Ambas dimensiones pueden coexistir y profundizar la vulnerabilidad de las víctimas.
La Red documentó 5 casos con características de ejecuciones extrajudiciales: 2 mujeres trans, 2 hombres cis gay y 1 hombre trans.
Los casos se registraron en Colombia, Honduras, México y Perú. Cuando fue posible identificar a los presuntos agresores, todos eran hombres cis pertenecientes a cuerpos policiales. Dos de los casos ocurrieron mientras las víctimas se encontraban bajo custodia estatal.
La existencia de estos casos plantea una exigencia específica de investigación: cuando existen indicios de participación de agentes estatales, deben garantizarse investigaciones independientes e imparciales y el establecimiento de responsabilidades cuando corresponda.
El estado de los casos registrado por la Red a marzo de 2026 muestra que la mayoría de los homicidios documentados todavía se encontraba en etapa de investigación.
De los 248 casos, 172 continuaban en investigación, 25 habían llegado a juicio, 2 estaban archivados y en 49 se desconocía el estado procesal. De los casos que llegaron a juicio, 7 contaban con sentencia condenatoria: 6 en Colombia y 1 en Honduras.
Estas cifras deben entenderse considerando los tiempos propios de las investigaciones y los procesos penales. Al mismo tiempo, los casos sin información sobre su estado procesal muestran las dificultades que persisten para hacer seguimiento a la respuesta institucional frente a los homicidios.
Sabemos que los datos por sí solos no transforman la realidad; pero sin datos no hay evidencia para mejorar la política pública, sostener la memoria y obtener justicia. Por eso existimos: para romper el silencio y convertir la evidencia en exigencia, justicia y vida digna.
Diez años de articulación regional
La Red Sin Violencia LGBTIQ+ nació de un trabajo que ya se desarrollaba en distintos territorios. En 2016, ese trabajo tomó forma como una articulación regional. Desde entonces, la Red ha fortalecido el monitoreo conjunto, identificado patrones de violencia por prejuicio y utilizado la evidencia para incidir ante instituciones nacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
En 2019 se publicó el primer informe regional, El prejuicio no conoce fronteras, sobre el periodo 2014–2019. Diez años después de la creación de la Red, esta trayectoria reafirma que documentar también es una forma de hacer memoria, exigir justicia y defender la dignidad de las personas LGBTIQ+.
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