En este informe encontrarás el análisis de las cifras de homicidios de personas LGBTIQ+ en 2024 en 10 países de América Latina y el Caribe, el contexto sociopolítico donde se inscriben estas muertes, las características de víctimas y agresores, los métodos y lugares donde ocurrieron los crímenes, así como la respuesta de los sistemas de justicia y nuestras recomendaciones por país y a nivel regional.
La letalidad no es aleatoria: afecta con mayor fuerza a hombres cis gay y mujeres trans.
Sin acción estatal que estudie estos casos para prevenirlos, el patrón se reproduce.
Más de la mitad de los homicidios de los que se tiene información fueron cometidos contra
personas LGBTIQ+ jóvenes, entre 21 y 35 años.
Predominan hombres cis gay (130; 36%) y mujeres trans (113; 31%). La visibilidad —en el espacio público, en el trabajo sexual o en el activismo/defensa DDHH— multiplica los riesgos.
En ningún lugar se está segure: del total con ubicación registrada, 29 % ocurrió en calles o transporte y 16 % en viviendas. Hay riesgo en lo público y en el hogar; además, la violencia íntima y familiar persiste.
Entre las 139 presuntas personas agresoras con identidad de género registrada, 87 % corresponden a hombres y 13 % a mujeres.
El homicidio suele estar precedido por amenazas, extorsiones, desapariciones o violencia sexual. Es el último eslabón de un continuo de violencias y sí puede prevenirse con respuestas tempranas.
Factores como migración, trabajo sexual, activismo, pertenencia étnica, edad y contextos de crimen organizado o conflicto se acumulan y amplifican la exposición. La violencia no impacta por igual: el informe evidencia riesgos diferenciados y contextuales.
En 2024 coexistieron avances jurídicos (como la apertura de rutas para investigar, sancionar y atender los transfeminicidios) pero se presenta un entorno de alto riesgo: polarización , expansión de dinámicas criminales y discursos estigmatizantes. Esto dejó especialmente expuestas a mujeres trans, en particular a quienes ejercen trabajo sexual en el espacio público.
La colusión entre autoridades locales y estructuras del crimen organizado —es decir, cooperación ilícita que bloquea la protección y favorece la impunidad— debilitó la capacidad estatal de prevenir e investigar la violencia por prejuicio.
Sabemos que los datos por sí solos no transforman la realidad; pero sin datos no hay evidencia para mejorar la política pública, sostener la memoria y obtener justicia. Por eso existimos: para romper el silencio y convertir la evidencia en exigencia, justicia y vida digna.
Este informe aborda la violencia letal contra personas LGBTIQ+ como la expresión más extrema de un continuo de violencias, bajo el marco conceptual de violencia por prejuicio: es decir, cuando una persona es atacada o asesinada por ser —o por ser percibida como— LGBTIQ+ (por su orientación sexual, identidad o expresión de género).
Estos hechos no son aislados: responden a sistemas de discriminación arraigados socialmente y se cruzan con otros contextos de urgencia (como la migración, los ataques a personas defensoras de derechos humanos, las economías informales, el crimen organizado, entre otros). Todo ello se agrava por la complicidad social, la impunidad y la indiferencia de los Estados.
Por eso, la Red Sin Violencia opta por una noción más amplia para explicar estas violencias: hablamos de “violencia por prejuicio” en lugar de “crímenes de odio”. “Odio” alude al sentimiento individual de quien agrede; “prejuicio”nombra el contexto social, político y cultural que subyace a estas violencias. Con esta mirada, podemos exigir prevención temprana, investigación con enfoque diferencial y reparación transformadora para la sociedad.
En muchos países no se registran datos sobre las variables OSIEG (orientación sexual, identidad y expresión de género) para comprender la violencia contra personas LGBTIQ+, ni se publica información oportuna, de calidad y accesible sobre el tema. Además, las instituciones no siempre reconocen ni clasifican estas formas de violencia.
La Red Sin Violencia LGBTIQ+, como gran parte de la sociedad civil, asume esta tarea: triangula el monitoreo de prensa y redes sociales con fuentes oficiales, cuando es posible (principalmente de fiscalías), y actores comunitarios, aplicando criterios comunes de registro y realizando control de calidad regional para consolidar toda esta información en una base de datos común.
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