Informe anual: homicidios de personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe 2024

Cada 24 horas una persona LGBTIQ+ fue asesinada en América Latina y el Caribe durante 2024. La Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó 361 homicidios: fueron vidas suspendidas por el prejuicio, ausencias que duelen, familias y compañeres que reclaman y comunidades que resisten.
El prejuicio no conoce fronteras: casi la mitad de los casos se registraron en Colombia (175), seguidos por México (80), Guatemala (36) y Honduras (28). Estos datos revelan un patrón regional que se repite año tras año, alimentado por la impunidad y la inacción de los Estados. Mientras no se tomen medidas urgentes, la violencia seguirá.

En este informe encontrarás el análisis de las cifras de homicidios de personas LGBTIQ+ en 2024 en 10 países de América Latina y el Caribe, el contexto sociopolítico donde se inscriben estas muertes, las características de víctimas y agresores, los métodos y lugares donde ocurrieron los crímenes, así como la respuesta de los sistemas de justicia y nuestras recomendaciones por país y a nivel regional.

Informe anual: homicidios de personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe 2024
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Cifras que exigen respuestas

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361 homicidios de personas LGBTIQ+ documentados en la región.

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Colombia concentra el 48% (175 casos); le siguen México (80), Guatemala (36) y Honduras (28).

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Lugares: 29% espacio abierto, calle y transporte público; 16% en domicilios particulares, 6% en campo lote o baldío, 4% en playa o río y 2% en hoteles/moteles/alojamiento.

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Identidades más afectadas: hombres cis gay: 130 casos (36%) y mujeres trans: 113 (31%). Juntas suman 67% del total de las víctimas.

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Personas con visibilidad pública: al menos 21 víctimas eran defensoras o liderazgos comunitarios LGBTI+.

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Personas migrantes: 8 asesinatos con cruces de xenofobia y transfobia/homofobia.

La letalidad no es aleatoria: afecta con mayor fuerza a hombres cis gay y mujeres trans. Sin acción estatal que estudie estos casos para prevenirlos, el patrón se reproduce.

Patrones de violencia contra personas LGBTIQ+

Homicidios LGBTIQ+: panorama por subregiones

En 2024 coexistieron avances jurídicos (como la apertura de rutas para investigar, sancionar y atender los transfeminicidios) pero se presenta un entorno de alto riesgo: polarización , expansión de dinámicas criminales y discursos estigmatizantes. Esto dejó especialmente expuestas a mujeres trans, en particular a quienes ejercen trabajo sexual en el espacio público.


La colusión entre autoridades locales y estructuras del crimen organizado —es decir, cooperación ilícita que bloquea la protección y favorece la impunidad— debilitó la capacidad estatal de prevenir e investigar la violencia por prejuicio.

La opacidad institucional y la captura de la justicia alimentan la impunidad. En El Salvador, el régimen de excepción restringe información y desincentiva denuncias; en Nicaragua, el control estatal sobre medios y organizaciones sociales provoca subregistro y poca oportunidad de denuncia.

Se consolidan narrativas morales y religiosas como herramienta de control político y se criminaliza o estigmatiza a la sociedad civil que documenta y acompaña a víctimas.

Además, son países con poco avance en la protección de derechos de personas LGBTIQ+.
Retrocesos legislativos: el nuevo Código Penal excluye la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas explícitamente.

Persisten narrativas religiosas y morales que legitiman la violencia y preocupa la desaparición de personas LGBTIQ+sin protocolos de búsqueda adecuados. Aunque existen protocolos de trato digno para la atención en el sistema de justicia, su implementación es desigual frente a la actuación de la Policía y el Ministerio Público.
Crisis sociopolíticas y de seguridad, junto con fragilidad institucional e indiferencia de los Estados atraviesan la subregión.

  • Colombia: resurgimiento antiderechos y barreras para acceder a datos oficiales de calidad.

  • Perú: pocos avances para incluir variables OSIEG en registros administrativos oficiales, con implementación irregular y falta de registro consistente en Fiscalías.

  • Ecuador: desinstitucionalización y falta de garantías, pese a los marcos legales vigentes.

  • Bolivia: crisis sociopolítica y de legitimidad del sistema de justicia.

Nuestras exigencias mínimas a los Estados

Prevenir

Prevenir: campañas sostenidas contra los prejuicios sociales; protección diferencial y alertas tempranas con enfoque territorial para personas LGBTIQ+

Registrar

Registrar: datos desagregados sobre OSIEG (orientación sexual, identidad y expresión de género). Además, registrar identidad, lugar del hecho, método y vínculo con la persona agresora, para entender las dinámicas de la violencia letal y respaldar a observatorios independientes de sociedad civil.

Investigar:

Investigar: garantizar la debida diligencia, aperturar líneas investigativas para identificar móviles prejuiciados de un crimen, capacitación a operadores de justiciay juzgamiento con perspectiva de género.

Reparar:

Reparar: medidas integrales para familias (consanguíneas y sociales) y comunidades, con garantías de no repetición y que permitan transformaciones sociales sostenibles.

Destacado

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