Informe anual: homicidios de personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe 2024

Cada 24 horas una persona LGBTIQ+ fue asesinada en América Latina y el Caribe durante 2024. La Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó 361 homicidios: fueron vidas suspendidas por el prejuicio, ausencias que duelen, familias y compañeres que reclaman y comunidades que resisten.
El prejuicio no conoce fronteras: casi la mitad de los casos se registraron en Colombia (175), seguidos por México (80), Guatemala (36) y Honduras (28). Estos datos revelan un patrón regional que se repite año tras año, alimentado por la impunidad y la inacción de los Estados. Mientras no se tomen medidas urgentes, la violencia seguirá.

En este informe encontrarás el análisis de las cifras de homicidios de personas LGBTIQ+ en 2024 en 10 países de América Latina y el Caribe, el contexto sociopolítico donde se inscriben estas muertes, las características de víctimas y agresores, los métodos y lugares donde ocurrieron los crímenes, así como la respuesta de los sistemas de justicia y nuestras recomendaciones por país y a nivel regional.

Cifras que exigen respuestas

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361 homicidios de personas LGBTIQ+ documentados en la región.

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Armas utilizadas: 30% fueron armas de fuego.

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Lugar del crimen: 29% ocurrieron en espacio abierto, calle o transporte público.

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Identidades más afectadas: hombres cis gay: 130 casos (36%) y mujeres trans: 113 (31%). Juntas suman 67% del total de las víctimas.

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Personas con visibilidad pública: al menos 21 víctimas eran defensoras o liderazgos comunitarios LGBTI+.

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Personas migrantes: 8 asesinatos con cruces de xenofobia y transfobia/homofobia.

La letalidad no es aleatoria: afecta con mayor fuerza a hombres cis gay y mujeres trans.
Sin acción estatal que estudie estos casos para prevenirlos, el patrón se reproduce.

Más de la mitad de los homicidios de los que se tiene información fueron cometidos contra
personas LGBTIQ+ jóvenes, entre 21 y 35 años.

Patrones de violencia contra personas LGBTIQ+

Homicidios LGBTIQ+: panorama por subregiones

En 2024 coexistieron avances jurídicos (como la apertura de rutas para investigar, sancionar y atender los transfeminicidios) pero se presenta un entorno de alto riesgo: polarización , expansión de dinámicas criminales y discursos estigmatizantes. Esto dejó especialmente expuestas a mujeres trans, en particular a quienes ejercen trabajo sexual en el espacio público.


La colusión entre autoridades locales y estructuras del crimen organizado —es decir, cooperación ilícita que bloquea la protección y favorece la impunidad— debilitó la capacidad estatal de prevenir e investigar la violencia por prejuicio.

La opacidad institucional y la captura de la justicia alimentan la impunidad. En El Salvador, el régimen de excepción restringe información y desincentiva denuncias; en Nicaragua, el control estatal sobre medios y organizaciones sociales provoca subregistro y poca oportunidad de denuncia.

Se consolidan narrativas morales y religiosas como herramienta de control político y se criminaliza o estigmatiza a la sociedad civil que documenta y acompaña a víctimas.

Además, son países con poco avance en la protección de derechos de personas LGBTIQ+.
Retrocesos legislativos: el nuevo Código Penal excluye la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas explícitamente.

Persisten narrativas religiosas y morales que legitiman la violencia y preocupa la desaparición de personas LGBTIQ+sin protocolos de búsqueda adecuados. Aunque existen protocolos de trato digno para la atención en el sistema de justicia, su implementación es desigual frente a la actuación de la Policía y el Ministerio Público.
Crisis sociopolíticas y de seguridad, junto con fragilidad institucional e indiferencia de los Estados atraviesan la subregión.

  • Colombia: resurgimiento antiderechos y barreras para acceder a datos oficiales de calidad.

  • Perú: pocos avances para incluir variables OSIEG en registros administrativos oficiales, con implementación irregular y falta de registro consistente en Fiscalías.

  • Ecuador: desinstitucionalización y falta de garantías, pese a los marcos legales vigentes.

  • Bolivia: crisis sociopolítica y de legitimidad del sistema de justicia.

Nuestras exigencias mínimas a los Estados

Prevenir

Prevenir: campañas sostenidas contra los prejuicios sociales; protección diferencial y alertas tempranas con enfoque territorial para personas LGBTIQ+

Registrar

Registrar: datos desagregados sobre OSIEG (orientación sexual, identidad y expresión de género). Además, registrar identidad, lugar del hecho, método y vínculo con la persona agresora, para entender las dinámicas de la violencia letal y respaldar a observatorios independientes de sociedad civil.

Investigar:

Investigar: garantizar la debida diligencia, aperturar líneas investigativas para identificar móviles prejuiciados de un crimen, capacitación a operadores de justiciay juzgamiento con perspectiva de género.

Reparar:

Reparar: medidas integrales para familias (consanguíneas y sociales) y comunidades, con garantías de no repetición y que permitan transformaciones sociales sostenibles.

Destacado

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Preguntas frecuentes (FAQ)