Informe: el prejuicio no conoce fronteras
En los últimos 5 años, más de 1.300 personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e in-tersexuales (LGBTI) han perdido la vida de manera violenta en América Latina y el Caribe. Esto equivale a un promedio de 4 personas LGBTI asesinadas por día en la región y una por día, sólo en Brasil.
Introducción
A pesar de estos datos tan alarmantes los Estados de la región continúan sin definir líneas claras y efectivas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia contra las personas LGBTI. Desconocen, una y otra vez, las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y reclamos de la sociedad civil sobre esta problemática. Esto se debe, entre otras razones, a la invisibilización histórica de esta población, los contextos de discriminación y los riesgos de revictimización cuando estos hechos son denunciados, pero sobre todo, a la falta de voluntad de los gobiernos nacionales para articular su respuesta institucional.
Ante el aumento de las violencias contra las personas LGBTI en la región, evidenciado en las cifras que se presentan, las amenazas de regresión en el reconocimiento de derechos, y la ausencia de sistemas de información estatales que permitan documentar y atender esta violencia, 10 organizaciones defensoras de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, conformaron la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe y su Observatorio –SinViolenciaLGBTI-, con el objetivo de recabar sistemáticamente información que sirva a los Estados y organismos internacionales, para formular, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas y considerar buenas prácticas contra la violencia homicida hacia las personas LGBTI en la región.
Esta es la primera vez que organizaciones de 10 países hacen un esfuerzo colectivo por recolectar, organizar y analizar datos que demuestran a los Estados que sí es posible recoger esta información y que la alianza con las organizaciones de la sociedad civil les permite avanzar en sus obligaciones internacionales para personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Si bien la recolección de la información es un deber de los Estados, ante esta carencia las organizaciones sociales actúan asertivamente.
