El Estado hondureño y su responsabilidad en el asesinato de Leonela Zelaya
Las detenciones arbitrarias, tortura y posterior muerte violenta de Leonela Zelaya, ocurrida en septiembre de 2004, lleva al Estado de Honduras nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La Red Lésbica Cattrachas y la Robert F. Kennedy Human Rights presentaron en diciembre de 2012 una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, entre otras.
El pasado 11 de abril de 2024, a 12 años de la petición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana estudiar el caso y establecer formas de reparación concretas, como reabrir esta investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos por completo.
Reconocer los prejuicios dentro de esta historia
El 15 de agosto de 2004 Leonela Zelaya, una mujer trans trabajadora sexual de 34 años, fue atacada con porras y culatas de pistolas por agentes de la Policía Nacional Preventiva, asignados a la estación policial No. 4 de Comayagüela.
Según el relato reconstruido por el documento publicado en abril de este año, Leonela fue llevada a la estación de madrugada sin recibir atención médica necesaria a causa de la golpiza recibida. Estuvo incomunicada hasta el momento de su liberación, que ocurrió en la tarde. Presentó hematomas e hinchazón en distintas partes del cuerpo, incluyendo el rostro. El 6 de septiembre de 2004 Leonela Zelaya fue atacada nuevamente. Recibió una puñalada en el pecho. El levantamiento del cadáver ocurrió de manera tardía e ignoraron un indicio de violencia sexual, omitiendo un análisis que descartara su ocurrencia. Leonela fue dejada sin vida en una avenida principal de la ciudad.
En las notas de investigación del expediente judicial se puede evidenciar que cuando encontraron el cuerpo, las autoridades tenían conocimiento de que «supuestamente le decían Leonela». Por lo tanto sabían de su identidad de género desde las primeras diligencias del caso, pero lo ignoraron. Según el relato reconstruido por el documento, después del levantamiento del cuerpo su identidad se registró como “una persona de sexo masculino el cual es de nombre desconocido”.
Según el Informe de Fondo No. 450/21, la Comisión consideró que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y el contexto general de violencia, prejuicios y estereotipos contra las personas trans y trabajadoras sexuales en el que ocurrieron los hechos, «permite caracterizar lo sucedido como un asesinato por prejuicio sobre la identidad y expresión de género como mujer trans y, por lo tanto, un transfemicidio».
Incluso podría sugerirse la participación de agentes estatales, ya que a Leonela se la expuso a una situación de gran vulnerabilidad y riesgo creada por el propio Estado a través de ataques recibidos anteriormente por agentes de seguridad, y esto no fue desvirtuado en la investigación interna.
¿Y qué debemos saber sobre las cifras de violencia y discriminación contra personas LGBTI+ en Honduras?
Según el Informe sobre muertes violentas de personas LGTTBI en Honduras, elaborado por la Red Lésbica Cattrachas, en «2023 se registraron 21 muertes violentas de personas trans, 14 casos por arma de fuego, 3 casos por objeto romo o contundente y 1 caso por arma blanca».
Se reconocen, por otra parte, los discursos discriminatorios por parte de funcionarios gubernamentales. Como un ejemplo de esto, según ha informado Reportar Sin Miedo, el «esposo y asesor presidencial de Castro, Manuel Zelaya Rosales, se mofó en abril de este año de los diputados gays del Congreso Nacional (…) Zelaya se burló de las poblaciones LGBTIQ+ junto con el diputado suplente Manuel Rodríguez. Ambos pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder».
El ambiente generalizado en ciertos segmentos de la población es uno producido por la sensación de que no hay políticas públicas de reducción de la violencia y cada día las personas LGBTI+ son más afectadas. Muchas se ven forzadas a desplazarse a otros territorios a causa de esta violencia homicida y de los discursos discriminatorios enarbolados por el Estado.
¿Qué debemos exigir al Estado hondureño?
En el Informe de Fondo de la CIDH se explica que «el Estado no diseñó ni implementó líneas lógicas de investigación derivadas de los elementos de prueba y contexto que rodearon los hechos del caso, aún cuando el Estado hondureño conocía la existencia de tal contexto de discriminación histórica, derivado de las diligencias del caso de Vicky Hernández contra Honduras, siguiendo únicamente la línea de investigación consistente en la hipótesis de que el homicidio de Leonela Zelaya fue producto de una discusión o enfrentamiento con un civil desconocido y omitiendo por completo de la investigación el análisis de los múltiples elementos que indicaban que el hecho podría enmarcarse dentro del concepto de crimen por prejuicio y la posible participación de agentes estatales».
La Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la vida privada, la honra y la dignidad, así como a la libertad de expresión, igualdad y no discriminación.
En los próximos meses el caso de Leonela Zelaya será estudiado por la Corte IDH. La sociedad civil debe acompañar este caso y exigir al Estado hondureño, entre muchas otras cosas, el derecho de todas las personas LGBTI+ de su territorio a vivir libre de violencias y de prejuicios.
