La violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y queer
En América Latina y el Caribe, la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ) continúa desarrollándose en contextos de discriminación estructural, exclusión e impunidad. En un blog anterior se presentó la evidencia recopilada por la Red Sin Violencia LGBTIQ+ sobre los casos de violencia letal contra este grupo, documentados entre 2022 y el primer semestre de 2025.
Ahora, el reciente informe presentado por el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Graeme Reid, aporta un marco internacional que permite comprender por qué estas violencias persisten y cuáles son las obligaciones de los Estados para prevenirlas y responder de manera efectiva.
Uno de los principales aportes de su informe consiste en afirmar que la ausencia de información en algunos contextos no refleja la inexistencia de la violencia. Por el contrario, evidencia fallas estructurales en los sistemas de documentación, investigación y producción de información, puesto que el informe sostiene que la obligación de los Estados de enfrentar la violencia contra las mujeres LBQ se ve obstaculizada por la falta de datos oficiales y desagregados, que son indispensables para comprender las causas de la violencia, diseñar respuestas adecuadas y evitar que quienes la ejercen encuentren legitimidad o incentivos para continuar actuando bajo el prejuicio.
- La violencia como mecanismo correctivo
El informe identifica que la violencia contra las mujeres LBQ no constituye una serie de hechos aislados, pues en numerosos contextos opera como un mecanismo de regulación social destinado a imponer el cumplimiento de las normas tradicionales de género y heterosexualidad. De este modo, la violencia aparece cuando las mujeres ejercen su autonomía afectiva, expresan públicamente su orientación sexual o construyen un proyecto de vida que no responde a los mandatos heteronormativos.
Además, el experto independiente advierte que este mecanismo de regulación tiene consecuencias cotidianas sobre la vida de las mujeres LBQ. Muchas limitan las muestras públicas de afecto, modifican su forma de vestir, restringen los lugares que frecuentan o incluso llevan una doble vida para disminuir el riesgo de sufrir agresiones. La violencia produce así un efecto que trasciende a las víctimas directas: restringe el ejercicio de derechos y condiciona la participación en el espacio público.
2. La violencia ejercida por familiares
El informe enfatiza en la violencia ejercida por familiares, un ámbito frecuentemente invisibilizado por las instituciones, en el que las mujeres LBQ reportan amenazas, agresiones físicas, violencia sexual y prácticas conocidas como «violaciones correctivas», justificadas por los agresores como mecanismos para disciplinar o modificar su orientación sexual. Estas violencias suelen sustentarse en discursos asociados al honor familiar, la moral o la necesidad de preservar determinadas normas sociales. En consecuencia, cuando estas agresiones son tratadas como asuntos privados o conflictos familiares, los Estados dejan de investigar adecuadamente los hechos y limitan el acceso de las víctimas a la justicia. Como consecuencia, numerosas formas de violencia permanecen fuera de los registros oficiales, dificultando la comprensión de su magnitud y reduciendo la capacidad institucional para prevenirlas.
3. Superar la invisibilidad estadística para transformar la respuesta estatal
El informe señala que la invisibilidad estadística constituye una de las principales barreras para garantizar los derechos de las mujeres LBQ porque la mayoría de los sistemas nacionales no registran de forma sistemática variables relacionadas con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, lo que provoca errores en la clasificación de homicidios, agresiones físicas, violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos.
Esta problemática también ha sido documentada por la Red Sin Violencia LGBTIQ+. Durante su trabajo de monitoreo, la Red ha denunciado reiteradamente que la mayoría de los Estados no publica información desagregada por orientación sexual y que, incluso en aquellos países donde estos datos existen, persisten importantes limitaciones en su cobertura, calidad y nivel de desagregación.
La falta de registros completos limita la producción de conocimiento y dificulta el desarrollo de políticas públicas, invisibiliza patrones de violencia y fortalece escenarios de impunidad, por lo que documentar estas violencias constituye una condición indispensable para garantizar derechos, de esta manera, los datos permiten identificar patrones, orientar estrategias de prevención, fortalecer las investigaciones penales y evaluar la respuesta institucional frente a la violencia basada en prejuicios.
4. Los prejuicios institucionales como barreras para alcanzar la justicia
El informe advierte que los prejuicios atraviesan todas las etapas de la respuesta institucional, ya que si las autoridades desestiman denuncias, clasifican incorrectamente los casos o no consideran la orientación sexual o la expresión de género como posibles factores relacionados con el crimen. Se pierde, así, la oportunidad de comprender las motivaciones de la violencia y de sancionar adecuadamente a los responsables.
Por tales razones, la incorporación de un enfoque adecuado en las investigaciones penales resulta fundamental para reconocer que muchos de estos hechos ocurren en contextos de discriminación estructural. Así, la ausencia de protocolos especializados, la escasa capacitación de operadores de justicia y las deficiencias en los registros oficiales contribuyen a reproducir la impunidad y envían un mensaje de tolerancia frente a estas violencias.
5. Del reconocimiento internacional a la acción estatal
Las recomendaciones formuladas por el Experto Independiente refuerzan las demandas que organizaciones de la sociedad civil han sostenido durante años.
Entre ellas se destacan: la necesidad de fortalecer los sistemas oficiales de información mediante registros desagregados por orientación sexual, identidad y expresión de género; desarrollar investigaciones penales que incorporen el análisis del prejuicio como una línea fundamental de investigación; capacitar de manera permanente a operadores de justicia y personal forense; y garantizar mecanismos efectivos de reparación para las víctimas, sus familias y personas allegadas.
La evidencia documentada por la Red Sin Violencia LGBTIQ+ demuestra que la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y queer continúa siendo una realidad en América Latina y el Caribe. En este sentido, el informe del Experto Independiente confirma que enfrentar esta violencia requiere producir información de calidad, reconocer el papel que desempeña el prejuicio en estos crímenes, fortalecer las investigaciones y garantizar que las políticas públicas se construyan a partir de la evidencia.
En resumen, documentar estas violencias nos permiten dimensionar el problema y sus patrones, al tiempo que constituye una herramienta indispensable para prevenir nuevas agresiones, disminuir la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
